Ni un día más separados de sus padres», «nadie puede decirme que soy un cero a la izquierda en el cuidado y custodia de mi hijo»… Estas son solo algunas de las frases que marcan el sentir de muchos padres y representantes de asociaciones de personas separadas y divorciadas en nuestro país ante la falta de una ley nacional de custodia compartida.

Hasta la fecha, solo comunidades como Aragón, Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana, País Vasco y próximamente Galicia a través de una ILP, regulan la custodia compartida. «Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y la ausencia estatal de custodia compartida está discriminando a los ciudadanos españoles en función de su residencia», asegura Pascual Campos, un padre madrileño que ha convocado acciones para informar hoy a los políticos del Congreso de lso Diputados sobre la urgencia de incluir esta regulación en sus programas electorales. «En España —prosigue— está demostrado que en las comunidades donde se ha aprobado se reduce hasta casi desaparecer la conflictividad entre los padres y se favorece la estabilidad emocional de los hijos. El objetivo final es siempre el interés de los menores porque hay que recordar que los que se separan son los adultos, no los hijos».

Este padre destaca que se trata de un problema social que afecta al año «a más de 105.000 parejas, unos 85.000 menores y sobrepasando con creces el millón de afectados si incluimos también a la familia extensa».